Los planes de reestructuración, una interesante herramienta preconcursal

Mano de un hombre firmando documentos legales

El texto refundido de la Ley Concursal (“TRLC”), tras la importante reforma operada por la Ley 16/2022, de 6 de septiembre, presta una enorme atención a los planes de reestructuración como una solución preconcursal que permite a las empresas modificar, a través de un acuerdo con sus acreedores, su activo y su pasivo. En el régimen de esos planes de reestructuración destaca la homologación judicial como un trámite necesario cuando, entre otros supuestos, se quiere extender los efectos del plan a acreedores que no votaron a favor de éste o a los socios de la sociedad deudora. 


Con este régimen se trata de superar un obstáculo para la ejecución de un plan, que implica la negativa de los socios a adoptar los acuerdos previstos en el plan, como pueden ser los acuerdos que afectan al capital social, a los estatutos o a las participaciones en el capital derivados de la ejecución del plan. 


Entre otras, destaca la previsión contenida en el artículo 650 del TRLC en relación con los acuerdos necesarios de la junta general. La ley ha optado por una solución ciertamente llamativa, pero con una indudable pretensión de eficacia. A falta de los acuerdos necesarios de la junta, los actos necesarios para la ejecución del plan a través de sus acuerdos societarios podrán llevarlos a cabo los administradores de la sociedad, y si estos no lo hicieren, cualquier acreedor legitimado podrá solicitar al juez que designe a la persona autorizada para llevar a cabo los actos necesarios para su ejecución.

Debe destacarse que esta habilitación competencial se extiende también a las modificaciones estatutarias que resulten precisas y que el auto de homologación será suficiente para su inscripción en el Registro mercantil. El artículo 650.2 señala expresamente que: 


 «Cuando el plan contuviera medidas que requirieran acuerdo de junta o asamblea de socios y esta no las hubiera acordado, los administradores de la sociedad y, si no lo hicieren, quien designe el juez a propuesta de cualquier acreedor legitimado, tendrán las facultades precisas para llevar a cabo los actos necesarios para su ejecución, así como para las modificaciones estatutarias que sean precisas. En estos casos, el auto de homologación será título suficiente para la inscripción en el Registro mercantil de las modificaciones estatutarias contenidas en el plan de reestructuración.«


 
Restructuring plans, an interesting pre-bankruptcy tool 


The Recast Insolvency law , after the amendment produced by the Law 16/2022 of 6 of September, pays particular attention to restructuring plans as a pre-insolvency solution, which allows companies to modify assets and liabilities by reaching an agreement with their creditors. 


Importantly, judicial approval of restructuring plans is a necessary procedure when, among other cases, it is envisaged to extend the restructuring plans’ effects to creditors who voted against the said plan or the debtor’s shareholders.


Judicial approval allows to overcome a hurdle which could arise when shareholders vote against the execution of certain agreements included in the restructuring plan. For instance, this may be the case regarding agreements on shares, the company’s bylaws or participation in shares. 

Among others, the provision contained in article 650 of the TRLC stands out in relation to the necessary agreements of the general meeting. The law decides on, a special solution, which is very striking, but with an undoubtedly effectiveness claim. 


In the absence of the necessary agreements of the general board, the necessary acts for restructuring plans execution through his social agreements they could be carry on by the administrator of the company, and in case the administrator of the company refuse to do it, entitles creditors who could request to the Court to appoint authorized person for completing the execution acts.


What should also be emphasized is that this empowerment will also extend to all the necessary’s bylaws amendments. The order from the Judge it will be enough for completing the inscription procedure at the Commercial Registry. The article 650.2 ends pointing out that: 


When the plan contains actions that require the agreement of the meeting or assembly of partners and this has not agreed, the administrators of the company and, if they do not do so, whoever the judge appoints at the proposal of any legitimate creditor, will have the precise powers to carry out the necessary acts for its execution, as well as for the statutory modifications that are necessary. In these cases, the homologation order will be sufficient title for the registration in the Mercantile Registry of the statutory modifications contained in the restructuring plan.”

Análisis del nuevo sistema concursal y sus dos criterios: el objetivo cronológico y el subjetivo

Reforma del sistema concursal

El pasado martes 6 de septiembre de 2022 se publicó en el BOE la esperada Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.


Esta ley modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).


En cuanto se refiere a la vigencia de este nuevo sistema concursal, la Disposición final decimonovena de la Ley 16/2022 establece tres fechas sucesivas: las dos primeras determinadas (26 de septiembre de 2022 y 1 de enero de 2023) y la tercera determinable por remisión a la fecha en la que se produzca un acontecimiento normativo (la aprobación del reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014). En efecto, la Disposición final decimonovena de la Ley 16/2022 establece que la Ley “entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción del libro tercero del texto refundido de la Ley Concursal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo el apartado 2 del artículo 689, que entrará en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial y la disposición adicional undécima referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023”.


La amplitud y profundidad de la reforma del TRLC que introduce esta Ley -que nos parece que justifica el uso de la expresión “El nuevo sistema concursal” que utilizaremos en la serie de entradas de este blog que ahora iniciamos- unida al impacto que, sin duda, tendrá en nuestra Economía en estos momentos de tribulación, nos invitan a ofrecer algunas entradas en este blog que brinden a nuestros lectores una serie de comentarios sintéticos sobre determinados aspectos que nos parecen especialmente relevantes, dentro siempre de los límites propios de esta publicación.


A lo anterior se une la circunstancia de que tanto en este blog como fuera de él nos hemos venido ocupando de la regulación concursal tanto en situaciones normales como en el periodo de la crisis económica causada por la pandemia de la COVID (en este sentido, remitimos al lector a nuestra “Guía Concursal” que publicamos en octubre  de 2020 en la editorial Thomson Reuters Aranzadi, dentro de la “Colección de Guías Prácticas”; de la que dimos cuenta en la entrada de este blog de 16.11.2020 titulada “La Ley Concursal ante el tsunami de concursos que se avecina. La utilidad de nuestra Guía Concursal”. Asimismo, le invitamos a que navegue dentro de este blog utilizando sus motores de búsqueda en temas concursales donde puede encontrar, por ejemplo, la entrada de 7.12.2021 sobre “La moratoria del deber de solicitar concurso de acreedores hasta el 30 de junio de 2022 y la indisolubilidad de las sociedades de capital insolventes hasta 2023 por el Real Decreto-ley 27/2021: Consecuencias jurídicas y económicas” y otras muchas precedentes).


Puedes leer este artículo completo en el que se explica la estructura básica del nuevo sistema concursal en el blog de Alberto J. Tapia.

La acción directa del perjudicado contra el asegurador en el seguro de RC

En el DOUE del pasado 22.8.2022 (pág. C 318/4) se publicó la referencia al fallo de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de junio de 2022 (Asunto C-652/20) que resolvió una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Distrito de Bucarest que dio lugar a un  procedimiento prejudicial que versó sobre cooperación judicial en materia civil en su aspecto de la competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil conforme al Reglamento (UE) n.º 1215/2012.


En concreto, el TJUE interpretó un aspecto de la competencia en materia de seguros regulado por el artículo 11, apartado 1, letra b) de dicho Reglamento (UE) n.º 1215/2012 en el marco de un litigo en el que se ejercitó una acción directa por tres personas perjudicadas contra el asegurador de responsabilidad civil del automóvil del causante del daño. En particular, en la Sentencia se examina la posibilidad de demandar al asegurador domiciliado en un Estado miembro diferente, que posee un establecimiento en otro Estado miembro, ante el órgano jurisdiccional en cuya demarcación se encuentre dicho establecimiento.

Supuesto de hecho del litigio subyacente

La petición de decisión prejudicial se ha presentado en el contacto de un litigio en el que se ejercitó una acción directa por tres personas físicas (HW, ZF y MZ) domiciliadas en Rumanía contra el asegurador de la responsabilidad civil del automóvil del causante del daño, Allianz Elementar Versicherungs AG, sociedad domiciliada en Austria. Sociedad que actúa, en este caso, a través de su representante rumano. Se trataba de una demanda de indemnización presentada por dichas personas, que alegan ser beneficiarios de un contrato de seguro celebrado entre esa sociedad y el responsable del accidente que dio lugar al fallecimiento de un miembro de su familia.

En concreto, el 22 de diciembre de 2017, el conductor y el pasajero de un vehículo fallecieron en un accidente de tráfico que fue causado, al menos en parte, por culpa de dicho conductor. El vehículo en cuestión estaba matriculado en Austria y asegurado con Allianz Elementar Versicherung, cuyo domicilio social se encuentra en ese Estado miembro.


Conflicto jurídico planteado en el litigio subyacente

El 17 de febrero de 2020, con el fin de obtener el resarcimiento del daño moral sufrido, tres miembros de la familia extensa del pasajero fallecido, todos ellos domiciliados en Rumanía, demandaron a Allianz Elementar Versicherung, a través de su representante rumano, Allianz-Tiriac Asigurari SA, ante el Tribunal de Distrito de Bucarest, en cuya demarcación se encuentra el domicilio social de dicho representante.


Cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente

Con arreglo a las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, el órgano jurisdiccional remitente comprobó de oficio su propia competencia internacional y territorial. Al realizar dicha comprobación, a la luz de la Sentencia de 13 de diciembre de 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C463/06,EU:C:2007:792) apartado 31, que, según el órgano jurisdiccional remitente, se refiere a disposiciones equivalentes del Reglamento n.º 44/2001; dicho órgano jurisdiccional consideró pertinente, a efectos de la referida comprobación, la regla de competencia establecida en el artículo 11, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1215/2012, a la que remite su artículo 13, apartado 2, en caso de acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador.


A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente subraya que la parte demandada en el litigio principal es una entidad aseguradora establecida en otro Estado miembro que fue demandada en Rumanía, no ante el tribunal en cuya demarcación se encuentran los respectivos domicilios de los demandantes en el litigio principal, que alegan ser beneficiarios de la póliza de seguro en cuestión; sino ante el tribunal en cuya jurisdicción se halla el domicilio del representante rumano de la entidad aseguradora.


A raíz de estas constataciones, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si el artículo 11, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1215/2012 determina solo la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros o bien, al mismo tiempo, tanto dicha competencia como su competencia interna, más concretamente la territorial. Expone argumentos divergentes, de carácter literal, contextual y teleológico, que, a su juicio, abogan por una u otra de esas tesis.


En estas circunstancias, el Tribunal de Distrito de Bucarest decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 1, letra b), del Reglamento [n.º 1215/2012] en el sentido de que solo se refiere a la competencia internacional de los Estados miembros [de la Unión Europea] o en el sentido de que también determina la competencia interna (territorial) de los órganos jurisdiccionales del lugar de domicilio del beneficiario de la póliza de seguro?»


Para conocer el Derecho de la UE relevante respecto a este asunto y la doctrina del TJUE puedes continuar leyendo este artículo en el blog de Alberto J. Tapia