Movimientos regulatorios en el sistema de planes de pensiones

Dinero para planes de pensiones

Se está hablando mucho de los problemas evidentes de nuestro país para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, reforma necesaria para garantizar la recepción de los anhelados fondos europeos Next Generation.


Por ello, nos parece oportuno volver la vista hacia el principal sistema de la previsión social complementaria en España y en la mayor parte de Estados miembros de la UE como es el sistema de planes y fondos de pensiones.


En este sentido, recordemos que el Preámbulo de la Ley 12/2022 recuerda que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la reforma 5.ª del componente 30 recoge el compromiso de una «Revisión e impulso de los sistemas complementarios de pensiones».


Los dos movimientos regulatorios estratégicos recientes del sistema de planes y fondos de pensiones en España


Y, cuando volvemos la vista atrás, encontramos que, en los últimos años, se han realizado dos movimientos regulatorios estratégicos de muy distinto signo que han impactado negativamente sobre nuestro sistema de planes y fondos de pensiones que son:


a) Desde el año 2021, la aniquilación de los planes de pensiones individuales, por inanición de su rentabilidad financiero-fiscal. Este ha sido y sigue siendo – a nuestro entender- un proceso gravemente erróneo por las razones que hemos expuesto en varias entradas de este blog, la última de las cuales es la del 25.03.2022 sobre “El Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP). La entrada en vigor, el 22 de marzo de 2022 en la Unión Europea, del Reglamento (UE) 2019/1238 que lo regula.  Una noticia en contra de la aniquilación de los planes de pensiones individuales en España”.


Además, las últimas noticias sobre un próximo incremento hasta 30 años de la base de cómputo salarial para calcular la pensión pública con la consiguiente reducción de su cuantía (calculada por el Banco de España en una media del 8,5% de las pensiones equivalente, aproximadamente, a 200 euros), en un contexto de hiperinflación, agravará el daño causado por dicha aniquilación efectiva de los planes de pensiones individuales y dejará a los millones de ciudadanos y ciudadanas que habían confiado una parte significativa de sus ahorros a este sistema de previsión social complementaria en una situación que podríamos calificar de “indefensión previsional” porque, a futuro, no podrán aportar recursos en cuantía suficiente para mantener el valor de su ahorro previsional y, a pasado, verán como la inflación roe el valor real de lo aportado durante 33 años.


En este sentido, insistimos en lo ya señalado en las anteriores entradas de este blog sobre el hecho de que la reducción drástica del límite de aportación a los planes de pensiones individuales nos parecen injustas porque no se trata únicamente de discriminación frente a los planes de pensiones de empleo en términos de incentivos fiscales -que podría ser comprensible para estimular esta “segunda pata” de la previsión social complementaria laboral- sino, y esto es lo más grave, de limitación absoluta -tanto financiera como fiscal- de las aportaciones a los planes de pensiones individuales. Esta limitación absoluta de las aportaciones a los planes de pensiones individuales tiene un efecto expoliador del ahorro destinado honradamente por millones de españoles durante 33 años a su previsión social complementaria ya que, en un contexto sistémicamente inflacionista, como el generado por la pandemia de la COVID 19  y la invasión rusa de Ucrania, la limitación de aportaciones a 1.500 euros anuales condena a los millones de españoles que tienen contratados planes de pensiones individuales a contemplar, año tras año, como sus fondos se devalúan víctimas de inflación sistémica contra la que no pueden luchar eficazmente aportando nuevos fondos en cuantía suficiente porque tales aportaciones están topadas a cuantías claramente insuficientes para mantener el valor real de sus inversiones y mucho menos para verlas crecer para su tranquilidad al contar con instrumentos eficientes de garantía de su previsión social complementaria.


b) Durante este año 2022, el impulso de los Planes y los Fondos de Pensiones de Empleo mediante la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, (sobre su contenido, el lector interesado puede consultar las cuatro entradas publicadas en este blog los días 8, 9, 10 y 11 de agosto de este año 2022 bajo el título común de “Impulso de los Planes y los Fondos de Pensiones de Empleo) desarrollada por el Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo (el lector interesado puede ver la entrada de este del pasado día 24.11.2022 sobre los “Fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos (FPEPP): El Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre desarrolla sus Comisiones y las retribuciones de sus Entidades Gestoras y Depositarias”).


10 conclusiones sobre nuestro estudio sobre “El impulso de los Planes y los Fondos de Pensiones de Empleo por la Ley 12/2022. Estado de situación


Por lo anterior, cuando estamos a la espera del desarrollo efectivo de la Ley 12/2022 y del consiguiente impulso de los Planes y los Fondos de Pensiones de Empleo, nos parece que puede interesar a los lectores de este blog anticipar las conclusiones de nuestro estudio sobre “El impulso de los Planes y los Fondos de Pensiones de Empleo por la Ley 12/2022” que se publicará en el próximo número de FORO (Revista de ciencias jurídicas y sociales. nueva época)  Facultad de Derecho,  Universidad Complutense de Madrid.


1ª. La Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre implica un cambio notable en el diseño general de la previsión social complementaria en nuestro país porque pretende desplazar el “centro gravitacional” desde los planes y los fondos de pensiones individuales o personales a los planes y los fondos de pensiones de empleo.


2ª. El Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo desarrolla un aspecto esencial para la viabilidad práctica de los FPEPP cual es la rentabilidad de su gestión y custodia estableciendo las retribuciones máximas que pueden percibir sus Entidades Gestoras y Depositarias.


3ª. El desplazamiento del “centro gravitacional” de la previsión social complementaria en España desde los planes y los fondos de pensiones individuales o personales a los planes y los fondos de pensiones de empleo que operó la Ley 12/2022, -siendo un proceso plenamente legítimo y acorde con la normativa de la UE- vino precedido de un proceso de aniquilación -por inanición de la rentabilidad financiero-fiscal- del sistema español de los planes de pensiones individuales: que, en nuestra opinión, ha sido un proceso injusto, innecesario e ineficiente por la razones que pasamos a exponer:


a) En primer lugar, decimos que el proceso de aniquilación práctica del sistema español de los planes de pensiones individuales ha sido injusto por expropiatorio. En efecto, entendemos que se ha cometido un expolio injusto e ineficiente y contrario a la normativa europea del ahorro destinado por millones de españoles durante 33 años a su previsión social complementaria.


b) En segundo lugar, decimos que el proceso de aniquilación práctica del sistema español de los planes de pensiones individuales ha sido innecesario por inútil para provocar un trasvase desde este tipo de planes a los planes de empleo. Con un resultado final neto de daño al sistema de previsión social complementaria.


c) En tercer lugar, decimos que el proceso de aniquilación práctica del sistema español de los planes de pensiones individuales ha sido ineficiente por el impacto neto negativo en la previsión social complementaria cuando más necesaria es, dada la insostenibilidad del sistema público de pensiones y los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de las pensiones cada vez más escuálidas que el sistema público podrá garantizar.


4ª. Consideramos que nuestro legislador puede compatibilizar el incentivo de los PP de empleo con el resarcimiento del daño sufrido por los partícipes de los PP individuales.


5ª. El cambio notable en el diseño general de la previsión social complementaria en nuestro país que introduce la Ley 12/2022, de 30 de junio se proyecta y requiere un amplio arsenal de cambios normativos que afecta tanto a la normativa de regulación de los Planes de Pensiones (PP) y Fondos de Pensiones (FP); como a otras normativas relacionadas con ellos, especialmente la normativa fiscal, de la Seguridad Social y de ordenación del seguro privado.


6ª. La Ley 12/2022 persigue reforzar la previsión social de carácter empresarial con la creación dos instrumentos interconectados: los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos (FPEPP) y los planes de pensiones de empleo simplificados (PPES), que se podrán adscribir a estos fondos y que cuentan con un sistema menos complejo de promoción que el vigente, orientado a facilitar su generalización.


7ª. Los Fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos (FPEPP) son aquellos fondos de pensiones promovidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Comisión Promotora y de Seguimiento creada a tal efecto.


8ª. Los FPEPP presentarán las dos características siguientes:


a) Ser fondos de pensiones de empleo de integración limitada de planes de pensiones del sistema de empleo simplificados y planes de pensiones de empleo de aportación definida para la contingencia de jubilación.


b) Ser fondos de pensiones abiertos que se caracterizan por poder canalizar las inversiones de otros fondos.


9ª. La estructura de los FPEPP se integra por la Comisión Promotora y de Seguimiento de los FPEPP, la Comisión de Control Especial de los FPEPP, la Entidad Gestora y la Entidad depositaria.


10ª. La regulación del funcionamiento de los FPEPP abarca los aspectos siguientes: su promoción por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; su administración mediante una plataforma digital común; su régimen financiero; su contabilidad y su transparencia informativa.


11ª. Los Planes de Pensiones de Empleo Simplificados (PPES son un subtipo de planes de pensiones del sistema de empleo que se regirán, en los aspectos no específicamente regulados en el nuevo capítulo XII del TRLPFP y sus normas de desarrollo, por la normativa establecida para los planes de promoción conjunta (art.67.2).


12ª. Los PPES pueden clasificarse en los tres tipos o categorías siguientes: PPES sectoriales, PPES del sector público y PPES de trabajadores autónomos.


13ª. La estructura subjetiva de los PPES se basa en su Comisión de Control que ejercerá las funciones legal y reglamentariamente previstas para la comisión de control de un plan de pensiones de empleo, con las particularidades legalmente establecidas.


14ª. La regulación del funcionamiento de los PPES abarca los aspectos siguientes: su promoción y formalización, su integración en un FPEPP, su contenido, sus especificaciones y su base técnica.


15ª. Las restantes modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones por parte de la ley 12/2022 pueden clasificarse en tres categorías que son: Modificaciones, adiciones y transiciones.

Desarrollo del Reglamento sobre “crowdfunding” por parte de la Comisión Europea

Financiación participativa, crowdfunding

En el DOUE del 8 de noviembre de 2022 se han publicado 9 Reglamentos Delegados y 4 Reglamentos de Ejecución de la Comisión Europea que desarrollan diversos aspectos relativos a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas.


Nos parece oportuno comentar de forma sintética este voluminoso conjunto normativo sobre el desarrollo de la financiación de las denominadas empresas innovadoras o start-ups y de las PYMES en general.  


Antes de nada debemos recordar que la aplicación directa de la nueva regulación europea de las plataformas de financiación participativa  (crowdfunding) se ha postergado hasta el 10 de noviembre de 2023 a raíz del Reglamento Delegado (UE) 2022/1988 que ha prorrogado hasta esta última fecha el período transitorio previsto para que los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas puedan continuar prestando servicios de financiación participativa de conformidad con el Derecho nacional.


Se trata del Reglamento Delegado (UE) 2022/1988 de la Comisión de 12 de julio de 2022 por el que se prorroga el período transitorio previsto en el artículo 48, apartado 1, del Reglamento (UE) 2020/1503 para continuar prestando servicios de financiación participativa de conformidad con el Derecho nacional hasta el 10 de noviembre de 2023 (DOUE de 21 de octubre de 2022).


Por lo anterior, desde el 10 de noviembre de 2023 será de aplicación directa en España el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de octubre de 2020 relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas; y el Capítulo V de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas que introduce, en su artículo 15, un nuevo título V en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Según veremos en la entrada de este blog del próximo martes día 15, esta normativa española se remite -en cuanto al régimen sustancial de las plataformas de financiación participativa  (crowfunding)- al Reglamento europeo.


Aspectos del Reglamento (UE) 2020/1503 desarrollados por los 9 Reglamentos Delegados y los 4 Reglamentos de Ejecución de la Comisión Europea publicados en el DOUE del 8 de noviembre de 2022


Para exponer de una forma sistemáticamente adecuada el contenido de los 9 Reglamentos Delegados y 4 Reglamentos de Ejecución de la Comisión Europea publicados en el DOUE del pasado martes, 8 de noviembre de 2022, los referiremos a los diversos aspectos generales de aquel Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de octubre de 2020 relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937 (pág. L 347/1 y ss.).


Siguiendo la estructura anticipada en entradas previas de este blog (ver la nota bibliográfica final) veremos estos aspectos y les asignaremos los Reglamentos Delegados y los Reglamentos de Ejecución.


a) Noción de los servicios de financiación participativa


La financiación participativa es una forma de financiación alternativa para las empresas emergentes y las PYMES, en las que lo habitual es recibir inversiones de pequeño calado; que opera a través de un proveedor de servicios de financiación participativa quien, sin asumir ningún riesgo propio, a través de una plataforma digital abierta al público, pone o facilita el contacto a inversores o prestamistas potenciales con empresas que busquen financiación.


Esta financiación puede adoptar dos formas básicas: la forma de préstamos o la de adquisición de valores negociables o de otros instrumentos admitidos para la financiación participativa. Por ello, el Reglamento (UE) 2020/1503 incluye en su ámbito de aplicación tanto la financiación participativa de crédito como la financiación participativa de inversión, ya que se pueden estructurar esos tipos de financiación participativa como alternativas de financiación comparables. En concreto, el Reglamento (UE) 2020/1503 incluye en la definición de servicios de financiación participativa “la conexión de los intereses de los inversores y de los promotores de proyectos en materia de financiación empresarial mediante el uso de plataformas de financiación participativa, que consista en cualquiera de las actividades siguientes: i) la facilitación de la concesión de préstamos; ii) la colocación sin base en un compromiso firme, como dispone el punto 7 de la sección A del anexo I de la Directiva 2014/65/UE, de valores negociables y de instrumentos admitidos para la financiación participativa emitidos por los promotores de proyectos o por una entidad instrumental, y la recepción y transmisión de órdenes de clientes, como dispone el punto 1 de dicha sección, en relación con esos valores negociables e instrumentos admitidos para la financiación participativa” (art.2.1.a).


Sobre la primera forma básica de préstamo que puede adoptar la financiación participativa incide el Reglamento Delegado (UE) 2022/2115 de la Comisión, de 13 de julio de 2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la metodología para calcular las tasas de impago de los préstamos ofrecidos en una plataforma de financiación participativa.


Nos ocupamos también de analizar en este artículo el objeto y ámbito de aplicación del reglamento, así como la estructura de los servicios de financiación participativa para empresas (crowfunding) establecida por el Reglamento (UE) 2020/1503. Todo ello se puede leer completo en esta entrada de mi blog.

Requisitos de transparencia para la validez de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado

La Sentencia 686/2022, de 21 de octubre de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo (recurso de casación. núm.: 1650/2019, y que tuvo como ponente al Excmo. Sr. D. Juan María Díaz Fraile; JUR 2022\339911), trata de los especiales requisitos de transparencia necesarios para la validez de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado.


A) Contexto: Cláusulas delimitadoras, sorprendentes, lesivas y limitativas en la Jurisprudencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo


A menudo nos hemos ocupado de la tormentosa delimitación jurisprudencial entre las cláusulas de los contratos de seguro delimitadoras del riesgo cubierto, limitativas de los derechos de los asegurados o lesivas a la luz del art.3 de la LCS. (ver la última entrada en esta materia que data del 22 de abril de 2021 sobre las “Cláusulas sorprendentes, lesivas y limitativas en la Jurisprudencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo. Sistematización y diagnóstico diferencial. Sentencia 160/2021, de 22 de marzo”).


A la vista de la redacción vigente del art.3 -y del 8- de la LCS, podemos distinguir cuatro tipos de condiciones (el lector interesado puede consultar nuestra “Guía del Contrato de Seguro”, 2ª ed., Colección Monografías Aranzadi, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (2022), pág.56 y ss.):


a)        Las lesivas, que privan al asegurado de derechos irrenunciables que le reconoce la LCS y, por lo tanto, son nulas (art. 3 LCS).


b)        Las limitativas de aquellos derechos, que deberán destacarse de modo especial en la póliza y ser aceptadas específicamente por el asegurado para admitirse como válidas (art. 3 LCS).


c)         Las delimitadoras simples de los riesgos cubiertos que son aquellas condiciones que describen «las garantías y coberturas otorgadas en el contrato» y deben estar redactadas de forma clara y comprensible (arts. 3 y 8.3 LCS).


d)        Las delimitadoras cualificadas que son aquellas condiciones que describen las «exclusiones y limitaciones» de cobertura, así como las que establecen «las condiciones y plazos de la oposición a la prórroga de cada parte o su inoponibilidad» y que ?siempre que no limiten materialmente los derechos de los asegurados, porque entonces serán limitativas y pertenecerán a la segunda categoría? deben destacarse tipográficamente (arts. 8.3 y 22.4 LCS).


No incluimos como categoría legalmente separada a las denominadas cláusulas sorprendentes (a las que nos hemos referido con frecuencia en este blog) por dos motivos: el primero consiste en que son una creación jurisprudencial que no encuentra amparo típico en la LCS y el segundo es que esta falta de precisión crea un espacio de indefinición jurídica porque hace que las denominadas cláusulas sorprendentes puedan calificarse -según las circunstancias de la póliza y el tipo de seguro- de limitativas o de lesivas. 


En este contexto, no hay duda razonable de que la interpretación y aplicación del art 3 de la LCS es la cuestión general más relevante y compleja a la que se enfrentan en la práctica los operadores jurídicos en el mercado de seguros y en particular los tribunales. Y lo es en una doble fase:


a) Primero, para calificar una condición de un contrato de seguros dentro de los cuatro tipos de cláusulas que se pueden identificar en la redacción vigente del precepto citado.


b) Segundo -en lo que a esta entrada interesa- una vez tipificada una cláusula como limitativa de los derechos del asegurado, para verificar -en su forma y sobre todo en su fondo- el cumplimiento de los requisitos de validez de estas cláusulas limitativas.


Es en esta segunda fase donde encontramos esta Sentencia 686/2022, de 21 de octubre y que nos parece una resolución particularmente acertada. A  nuestro modesto entender, porque desde un razonamiento claro y sistemático, llega a una interpretación que evita las exigencias desproporcionadas en el cumplimiento de los requisitos de validez de estas cláusulas limitativas que acaban desembocando en una sobreprotección del tomador/asegurado que resulta, a la postre, ineficiente para la tutela del consumidor de seguros.


Aquí
puedes leer el comentario completo de esta sentencia, en la que se realiza una sistematización muy interesante de cuáles son las características relevantes y cuáles las irrelevantes para considerar cumplidos los requisitos de transparencia para la validez de las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado.